El Peruano - Edición del 02/12/2005 - Pagina 60
"
Pag. 305438
NORMAS LEGALES
Lima, viernes 2 de diciembre de 2005 no se produce en los terminos o con los alcances previstos para los procesos constitucionales de la libertad, dado que, en casos como el de autos, el control se realiza confrontando la norma impugnada directamente con la
Constitucion, a fin de determinar si colisiona con el contenido de la Carta Fundamental, incluso en lo que a los derechos constitucionales respecta.
3. Por consiguiente, no es necesario establecer si el derecho de los demandantes resulta afectado por la norma impugnada, ni mucho menos emitir pronunciamiento sobre la legalidad y validez de los documentos con los que aquellos pretenden acreditar el derecho de propiedad que alegan, tales como:
a. El Contrato de Compraventa suscrito el 13 de octubre de 1975 entre la Direccion General de Reforma Agraria y
Asentamiento Rural del Ministerio de Agricultura y 45 campesinos adjudicatarios respecto del predio denominado
Mancora, el mismo que tiene una extension de 26,226 has. 1,225 m2 (f. 26).
b. La Resolucion Directoral Nº 421-96-RG-CTAR-DRA-P de fecha 16 de setiembre, emitida por la Direccion Agraria de la Region Grau, por la que en merito a la observacion planteada por la Oficina de los Registros Publicos, se aprueba la informacion de la Oficina de Catastro Rural relativa a la ubicacion correcta del precitado predio (f. 29).
c. El Titulo de Propiedad del Predio bajo comentario, emitido por la Secretaria Regional de Asuntos Productivos y Extractivos de la Region Piura, de fecha 24 de junio de 1991 (f. 30).
d. El contenido de la Ficha Registral Nº 10099 (f. 31).
Ello, en todo caso, sera materia de los procesos que los interesados inicien ante las autoridades jurisdiccionales ordinarias, a quienes corresponde valorar y pronunciarse sobre el particular, de ser el caso.
4. De la Ordenanza Nº 013-2003-MDM se aprecia que el contenido del articulo 1º no colisiona con la Constitucion, dado que la declaracion de zona urbana del area comprendida dentro de los linderos que ella establece es conforme con la competencia prevista en el articulo 195.6º de la Constitucion, respecto a la planificacion del desarrollo urbano y rural de su circunscripcion, incluyendo la zonificacion, urbanismo y acondicionamiento territorial, competencia que ademas ha sido objeto de desarrollo por el articulo 72º de la Ley Nº 27972, Organica de
Municipalidades.
5. Sin embargo, ello no ocurre en lo que concierne al contenido de los articulos segundo, tercero y cuarto de la ordenanza bajo analisis, conforme se expone a continuacion:
a. Sobre el articulo segundo, debe distinguirse la parte en que declara la intangibilidad de la zona ribereña del distrito de Mancora -para lo que se sustenta en la Ley
Nº 26856-, de aquella otra en la que se declara la intangibilidad del area de terreno detallado en el articulo primero.
En cuanto a la zona declarada intangible, la ordenanza establece que comprende los 250 metros adyacentes a la zona de mas alta marea, mientras que la Ley Nº 26856 dispone en su articulo 1º que "Las playas del litoral de la
Republica son bienes de uso publico, inalienables e imprescriptibles. Se entiende como playa el area donde la costa se presenta como plana descubierta con declive suave hacia el mar y formada de arena o piedra, canto rodado o arena entremezclada con fango mas una franja no menor de 50 metros de ancho paralela a la linea de alta marea"; mientras que el articulo 2º refiere que "Se considera zona de dominio restringido la franja de 200 metros ubicada a continuacion de la franja de 50 metros descrita en el articulo anterior, siempre que exista continuidad geografica en toda esa area". Por consiguiente, la norma a la que la ordenanza hace referencia considera como inalienable e imprescriptible la franja de 50 metros, puesto que los 200 metros que estan a continuacion de ella son de dominio restringido, siempre que dentro de dicha area no existan terrenos de propiedad privada, conforme lo establece el tercer parrafo del precitado articulo 2º de la Ley Nº 26856.
Aunque la Constitucion no establece o define que son los bienes de dominio y uso publico, el articulo 73º de la misma refiere que "Los bienes de dominio publico son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso publico pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento economico"; por consiguiente, es al legislador nacional al que le corresponde regular esta materia, lo que en el caso de las playas del litoral ha sido plasmado en la Ley Nº 26856; dicha competencia, por cierto, no puede ser ejercida por una corporacion municipal, puesto que ella esta limitada a las atribuciones y competencias que la Constitucion y la Ley Organica pertinente establecen.
Por consiguiente, si ya existe una norma general que regula el uso y disfrute de las playas del litoral peruano, a traves de una ordenanza no se puede pretender establecer una legislacion que, bajo el pretexto de ratificar o complementar, introduce una distorsion que no solo afecta al ordenamiento juridico, al pretender hacer uso de una competencia que no le corresponde, sino que, ademas, modifica lo que la autoridad competente ha establecido sobre el particular, puesto que la Ley
Nº 26856 en ningun momento establece que la zona intangible de las playas del litoral tenga una extension de 250 metros, como se ha observado en los parrafos precedentes. De donde resulta que la emplazada, al actuar contraviniendo una norma general ordinaria, indirectamente ha afectado el sistema competencial previsto en la Constitucion, pues el legislador originario para implementar el desarrollo legislativo que el texto constitucional requiere es el Congreso de la Republica.
Consecuentemente, dicho extremo resulta inconstitucional.
De otro lado, y en lo que corresponde a la declaracion de intangibilidad del area de terreno detallada en el articulo primero de la ordenanza impugnada -segunda parte del articulo 2º-, como ya se ha expuesto, esta no es una atribucion que en modo alguno pueda ser ejercida por la emplazada; mas aun, las competencias de los gobiernos locales y regionales se encuentran taxativamente previstas en la Constitucion -articulo 195º- y en la Ley Organica de Municipalidades -articulos 73º, 79º y siguientes de la Ley Nº 27972-, las mismas que no preven que la emplazada sea competente para declarar zonas o areas intangibles, ni tampoco puede deducirse de las precitadas competencias que resulta necesario que los gobiernos locales, implicitamente, se encuentren investidos de dicha atribucion, porque sin ella no seria posible que cumplan desarrollen las labores y funciones que les competen.
b. El contenido del articulo 3º de la ordenanza impugnada resulta inconstitucional en la parte en que prohibe la construccion de obras civiles en terrenos "que mediante la presente resolucion son declarados intangibles", por las razones antes expuestas; toda vez que la declaracion de intangibilidad no es una competencia que pueda ser ejercida por los gobiernos locales.
c. Lo mismo ocurre en el caso del articulo 4º, en el extremo que establece sanciones a los invasores de las
d. En todo caso, el contenido de los articulos 3º y 4º puede quedar subsistente, en tanto se eliminen las referencias antes citadas.
6. Como ha quedado expuesto en los fundamentos de la presente sentencia, en el presente proceso no corresponde que se determine la titularidad de los derechos de los demandantes; del mismo modo, y en la medida que existan documentos que acrediten el derecho de propiedad que los demandantes alegan -los que en modo alguno son valorados en el presente proceso-, estos no pueden ser afectados por la autoridad administrativa, salvo que se determine que las areas comprendidas en el articulo 1º de la ordenanza antes acotada no son de propiedad privada, puesto que en caso que aquellas sean de dominio privado, la administracion si se sigue el procedimiento previsto en el articulo 70º de la Constitucion, debiendo tenerse en cuenta, ademas, en el caso de la Comunidad Campesina de
Mancora, lo previsto en los articulos 88º y 89º de la Carta
Fundamental.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitucion Politica del
Peru,
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda de inconstitucionalidad interpuesta; en consecuencia, "
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
(*) Aunque se intenta obtener el 100% de lo publicado en el Diario Oficial, no siempre esto es posible, o en todo caso, aparece distorsionado en la pantalla. Hacemos el mejor esfuerzo por lograr que el contenido sea bien digitalizado. Ante cualquier duda, consulte con la fuente oficial.
Algunas tildes han sido omitidas intencionalmente.
Se realiza el máximo esfuerzo por tener esta información actualizada, pero por la naturaleza cambiante de la ley, esto no siempre es posible. La información presentada puede no estar al día.
Toda la información mostrada es únicamente de caracter informativo, tomada de fuentes confiables. Sin embargo, en ningún momento se debe tomar esta información como base para algún tipo de acción legal. Consulte con un especialista.
AbogadoPeru.com no se hace responsable de la manera como el lector utilice la información expuesta, ni del contenido o veracidad de los artículos o leyes publicadas en el portal. Cualquier duda, error o inexactitud depende directamente de la fuente de la misma o de su autor.